“Para nosotros es un gusto poder comenzar con este programa que esperamos tenga una escala mayor, porque entendemos lo que viven”, señaló el gobernador de Santa Fe al rubricar el acuerdo que busca mejorar el desarrollo de los barrios más vulnerables.

El gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles la firma de un convenio de colaboración con la organización no gubernamental (ONG) Los Sin Techo, para planificar y gestionar de manera conjunta políticas públicas de desarrollo territorial, hábitat, vivienda e integración social, orientadas a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En el acto desarrollado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de Santa Fe, Pullaro recordó que a principio de la gestión se reunieron para “ver las posibilidades de continuar con este programa que había dado buenos resultados a la ciudad de Santa Fe, querían arrancar con 150 viviendas”, pero les propuso que “si ustedes están dispuestos a hacerlas y el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Vivienda están de acuerdo, tenemos que resolver a una escala mayor, porque la vulnerabilidad que tenemos en la capital provincial es mucho, pero mucho más grande”.

“Luego se pusieron a trabajar y hoy estamos firmando este convenio ya por 600 unidades habitacionales, que para nosotros la verdad que es un gusto poder comenzar con este programa que esperamos tenga una escala mayor, porque entendemos lo que viven, entendemos lo que sufren y queremos trabajar para resolver ese problema”, remarcó el gobernador.

Por último, Pullaro señaló que “nosotros hemos bajado el gasto político y el gasto público en la provincia de Santa Fe y a cada uno de esos recursos que estamos ahorrando, que estamos logrando reducir, los volcamos a la obra pública, los volcamos a mejorarle la calidad de vida de la gente, los volcamos a la infraestructura productiva para poder generar trabajo”.

El convenio establece que en el marco del trabajo articulado con el gobierno local y organziaciones sociales, Provincia y Los Sin Techo se comprometen a identificar barrios de extrema vulnerabilidad social de la capital que requieren intervenciones barriales para el desarrollo urbano; la construcción de soluciones habitacionales; integración sociourbana; y procesos de regularización dominial, entre otras políticas públicas de inclusión. Será por el plazo de 42 meses o hasta alcanzar el máximo de soluciones convenidas.