Desde ATE se hace una valoración positiva del proceso de paritaria abierta con el Gobierno, pero entiende que se debe anticipar la revisión para que los salarios superen la inflación.

Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) accediera a información que confirma la intención de despidos en organismos públicos, se iniciará un paro de 3 días en Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a desarrollarse del 29 de noviembre al 1 de diciembre inclusive, afectando a las exportaciones y comercio interprovincial.

Se están poniendo en serio riesgo la continuidad de todo el personal ingresado en el año 2023, como así también de los 550 contratados bajo la modalidad FUNVET, quienes están en una situación de extrema precarización, dado que firmaban como monotributistas un contrato de prestación de servicios.

En esta línea, el Secretario General, Rodolfo Aguiar, señaló: “La medida que vamos a iniciar mañana tendrá un fuerte impacto y no se nos podrá responsabilizar a los trabajadores por las consecuencias de la misma. Hace años demandamos que se garantice la estabilidad de todos los trabajadores del organismo. No hay ningún motivo para que alguien pretenda aplicar un ajuste en el SENASA, ya que el mismo se autofinancia y además le aportó al Estado argentino 12 mil millones de pesos en el 2022”.

“Este es el inicio de un plan de acción que va a tener continuidad por otros organismos y no descartamos llegar a la huelga general si como se anticipa, la primera variable de ajuste vamos a ser los estatales”, apuntó el dirigente nacional.

El SENASA es el organismo encargado de la fiscalización de producción agroalimentaria que cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio para controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países. Es el organismo encargado de otorgar las certificaciones necesarias para el comercio internacional. Es decir, sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo.

Si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el status sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de fruta con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación. También se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más (como por ejemplo, Japón).

No sólo existe un perjuicio económico al frenar esta actividad, ya que el alimento que se come en el país podría dejar de ser seguro para la salud humana. Incluso pueden entrar nuevas plagas y enfermedades. Ya se confirmaron casos de Alphavirus (encefalomielitis equina) en Corrientes y Santa Fe, un peligroso virus transmitido por mosquitos infectados que infecta a los caballos, pero también puede afectar a humanos.

En esta línea, el Coordinador General de ATE SENASA, Jorge Ravetti, explicó que “los trabajadores contratados bajo la modalidad FUNVET están ultra precarizados” y que son quienes llegaron para “recrear las barreras sanitarias ante la llegada de la influenza aviar a la Argentina”. “Esta enfermedad no se erradicó del país. Hace pocos días surgió un foco en Catamarca. El control del SENASA es indispensable para evitar que este tipo de enfermedades hagan un daño mayor”, completó.