El Ministerio de Obras Públicas intimó a un productor de Rufino que volvió a conducir aguas hacia la laguna La Picasa desde un canal clandestino de grandes dimensiones

En el marco de la ley de aguas Nº 13.740, el gobierno de la provincia intimó a un productor de la ciudad de Rufino quien a través de una obra no autorizada vuelca aguas hacia la laguna La Picasa, desde un canal de grandes dimensiones. En épocas de registros altos de lluvias esto genera daños graves a otros productores de la zona.

En 2018, la provincia cerró ese canal –en terrenos de la estancia perteneciente a la familia Piccini- con orden judicial. Al canal lo abrieron de nuevo los propietarios, y tras ello las autoridades provinciales volvieron a intimar su cierre bajo advertencia de ingresar con la fuerza pública.

Cumplir la ley
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que “vamos a actuar con toda la firmeza que nos permite la ley ante los infractores de obras hídricas, para hacer respetar el estado de derecho, los recursos naturales y el trabajo de los productores de la zona”.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich explicó que “las intimaciones de este tipo tienen como objetivo preservar el normal escurrimiento de las aguas y también de las obras públicas en las que el Estado invirtió. Pero fundamentalmente, proteger el trabajo de los productores que se ven afectados por la intervención de estos canales clandestinos que no garantizan el normal funcionamiento de los sistemas”.

Asimismo, el funcionario explicó que “estas intimaciones se realizan para que quienes hayan realizado una obra no autorizada, la desactiven inmediatamente. Ya sea un bordo, un canal, un tapón o la rotura de alguna alcantarilla, por mencionar algunos ejemplos comunes”.

“Luego de transcurrido el tiempo que esta intimación le da al infractor para que restablezca las condiciones, de no hacerlo, la provincia ingresará con equipos propios a restablecer las condiciones de normal funcionamiento de los sistemas de canales. Y seguidamente, prosigue un proceso administrativo -en algunos casos de índole penal- para que quien realizó la obra de manera ilegal, o pague una multa o cumpla algún otro tipo de sanción”, finalizó Mijich.