La violación a la normativa vigente y su irresponsabilidad política pone en riesgo a los trabajadores/as y al conjunto de la comunidad

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe considera que no es posible que las autoridades con responsabilidad institucional para la aplicación de los Protocolos sanitarios, los violenten poniendo en grave riesgo a los trabajadores/as y a la comunidad en general.

Debe comprenderse que ese comportamiento público, que derivó en el contagio de COVID- 19 del Señor Intendente, está potenciado en la actitud que éste viene teniendo con los trabajadores y trabajadoras municipales de la localidad de Avellaneda.

En el reclamo que lleva al Plan de Lucha a FESTRAM, se exige el pleno funcionamiento de los Comités Mixtos de Salud (Ley 12.913) para la aplicación de los Protocolos dispuestos por los DNU y Decretos Provinciales. Así, en las Municipalidades de Las Rosas, San Carlos Centro y Avellaneda dichos Comités no funcionan. Las presiones por obligar a romper el aislamiento social a trabajadoras y trabajadores con enfermedades de riesgo, han sido permanentes y sistemáticas con actitudes autoritarias que sus Intendentes ejercen con absoluta impunidad, pese a que se realizaron las denuncias correspondientes.

El autoritarismo mata, y la situación del Intendente de Avellaneda afectado por COVID deja claro, que el Aislamiento Social y la aplicación de los Protocolos no pueden quedar en manos de autoridades que por intereses económicos e ideológicos se oponen a las políticas de salud pública que lejos de hacerlas cumplir, promueven su violación intencional.

Desde FESTRAM y a través del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, venimos reclamando la conformación de los Comités Mixtos; la devolución de salarios a los trabajadores que se encuentran con enfermedades crónicas o de edad avanzada, la regularización de personal que se haya en situación de absoluta precariedad, sin aportes provisionales, sin Obra Social, sin seguros por accidentes de trabajo y que son obligados a prestar servicios en la Pandemia, como lo hicieron con el dengue. Se ha negado a pagar el Bono COVID- 19, aún teniendo los recursos para hacerlo, a estos reclamos se le suma las reiteradas violaciones al Estatuto del Personal Municipal, en reconocimiento de derechos establecidos por la Ley.

Por tal razón solicitamos públicamente al Sr. Gobernador, a la Legislatura Provincial y a la Justicia Provincial adopten las medidas pertinentes con el Intendente DIONISIO SCARPIN quien, claramente, ha incurrido en la violación de sus deberes como funcionario público, promoviendo marchas y aglutinamientos cuyas motivaciones son extremadamente opuesta a la Salud y la vida de los compañeros y compañeras que representamos.