En el inicio de la reunión la edila Irigoitia, explicó su proyecto, que también suscriben sus pares de bancada, Mariano Romero, María Fernanda Rey y Lisandro Cavatorta, que encomienda al Departamento Ejecutivo gestione ante el gobierno provincial se asigne un porcentaje de fondos obtenidos de subastas de bienes decomisados al narcotráfico a cooperadoras de escuelas primarias.

Precisó la concejala Irigoitia que puede ser fondos obtenidos en la subasta o la asignación de uso de elementos y planteó que “recursos que se obtienen vuelvan a la sociedad para el fortalecimiento de políticas educativas”.

Lo consideró la propuesta de que sean las cooperadoras escolares quienes los reciban “una herramienta para que el impacto sea inmediato, para mejorar la infraestructura y el equipamiento” y aludió entre otros aspectos a que “no cuentan con ventiladores o aires acondicionado”.

Reiteró que el objetivo es un trabajo junto a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

La concejala Nadia Amalevi, de Arriba Rosario, precisó que lo que propicia el proyecto “de alguna manera ya está establecido en la ley” que creó la Aprad, dado que en su artículo 6º refiere que “los bienes que tuvieran valor de uso o interés científico o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público se entregarán, según el caso a la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación; al Ministerio de Educación, al de Innovación y Cultura o al de Seguridad”.

Igualmente la edila Amalevi indicó que “no se cómo será la reglamentación”.

La concejala Irigoitia marcó que “se plantea una acción muy concreta en este caso, priorizar el destino de los bienes al ámbito educativo”.

Acotó la edila Amalevi que “parte de lo decomisado se destinó a ex soldados de Malvinas”, mientras que el concejal Fabrizio Fiatti, de Arriba Rosario, consideró que “los años anteriores fue casi nula la labor de la Agencia”.

La concejala Irigoitia cuestionó tal aseveración y se comprometió “a hacer llegar el informe de gestión” hasta el 10 de diciembre del 2023.

Por su parte la concejala Ana Laura Martínez, del Pro, afirmó que “acuerdo con el espíritu del proyecto” pero planteó “ver el tema de la ley”.

Mientras que cerró el debate el edil Fiatti quien consignó que “la ley es flexible” y en ese marcó es que se destinó un porcentaje a los veteranos de Malvinas.