Tras perder un juicio de amparo colectivo y recibir sentencia adversa en dos oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la Municipalidad de Sastre insiste y ahora recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Luego de haber agotado los recursos en todas las instancias en la Justicia santafesina, con los que atacó la sentencia que determinó 1.000 metros libres de agroquímicos en torno a la ciudad de Sastre y Ortiz, el municipio decidió recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La semana pasada, el máximo tribunal santafesino cerró la posibilidad de recurrir a su arbitrio tras denegar un recurso federal extraordinario.

El fallo inicial del tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia que acogió la acción de amparo planteada por los vecinos autoconvocados de la cabecera del departamento San Martín y estableció un área de exclusión de 1.000 metros, a contar desde el límite de la planta urbana de la ciudad. En esta zona de resguardo quedaron prohibidas las fumigaciones terrestres con todo tipo de agroquímicos, una decisión judicial que permanece vigente, a pesar de los reiterados intentos de revertirla.

Este fallo se transformó en el primero en la provincia de Santa Fe y segundo a nivel nacional en establecer una distancia mínima entre la totalidad de la población y la producción agroindustrial parar resguardar la salud de las personas, el ambiente y el derecho a una mejor calidad de vida.

Ahora, el municipio, representado por la abogada María Alejandra Bachmann, integrante del Estudio Jurídico Rondina -cuyo titular es el actual fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, quien representó a la demandada hasta su ingreso a la función pública- solicitó al máximo tribunal nacional “que haga lugar a la queja, se declare procedente el recurso extraordinario y que, mediante un análisis acorde a las normas constitucionales en juego se resuelva sobre el fondo, rechazándose la acción de amparo o se dicte otra sentencia”, según reza la presentación.

El reclamo

La causa se inició con la presentación de la defensora general del Distrito Judicial N 11 en representación de un grupo de 42 vecinos que promovieron una acción de amparo ambiental contra la Municipalidad. Habían agotado todas las instancias administrativas previas con pedidos al Ejecutivo y al Legislativo local.

Luego de algunos intentos por dirimir la cuestión en reuniones convocadas por el Concejo, los ediles argumentaron que no tenían herramientas para continuar el debate, ante la posición inamovible de los productores agrarios- que conformara a los vecinos que reclamaban por su salud. Entre ellos se encontraba la familia de Zoe Giraudo, una niña de dos años que entonces transitaba la recuperación post quimioterapia a la que fue sometida por padecer de un linfoma. “Vayan a la Justicia”, fue la última afirmación en el recinto del concejo sastrense. La titular del Ejecutivo, María del Carmen Amero de Brunazzo, nunca recibió a los vecinos para hablar sobre el asunto.