Así fue dispuesto por el juez Carlos Pareto en una audiencia desarrollada este lunes por videoconferencia. Al incriminado se le atribuye haber sometido a sus víctimas mientras realizaban tareas laborales en un geriátrico que él administraba

Un hombre de 33 años que fue detenido este fin de semana en Casilda tras una seguidilla de denuncias por abusos sexuales y amenazas seguirá privado de su libertad al dictarse este lunes su prisión preventiva por el plazo de 90 días.

Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Carlos Pareto, al hacer lugar al pedido del fiscal de la causa, Emiliano Ehret, en el marco de una audiencia desarrollada por videoconferencia en esta ciudad cabecera del departamento Caseros.

Las evidencias presentadas fueron suficientes para que el magistrado dicte la medida cautelar y rechace el planteo de libertad formulado por el defensor público, Fernando Ritondale, en representación del imputado identificado como Emanuel R.

Al incriminado se le atribuyen una serie de abusos sexuales contra seis mujeres que cumplieron tareas laborales en un geriátrico administrado hasta hace pocos días por el acusado, quien proclamó su inocencia al hacer uso de su derecho a declarar.

Dos de las victimas aseguran haber sido violadas en ese espacio para ancianos, mientras que el resto de las denunciantes expusieron haber sufrido también en el mismo lugar situaciones de hostigamiento y acoso contra su integridad sexual.

De los hechos achacados al imputado cuatro fueron calificados de abuso sexual simple, dos de abuso con acceso carnal y otro en grado de tentativa, además de endilgarle el delito de amenazas, todos en concurso real.

El presunto abusador fue insultado por un grupo de mujeres que se concentró frente al edificio del Ministerio Público de la Acusación de Casilda para pedir justicia. Al salir esposado y custodiado por la policía, las expresiones de repudio se convirtieron en desahogo por parte de victimas que se movilizaron con el acompañamiento de militantes de agrupaciones feministas.

El disparador de la investigación judicial fue una denuncia radicada el 2 de febrero por una joven que contó su padecimiento cuando estuvo un corto tiempo prestando servicio en el geriátrico casildense ubicado sobre calle Chacabuco al 2400.

Ello fue determinante para que las otras víctimas superasen “el miedo y se animaran, el 25 de febrero, a impulsar la misma acción penal contra el hombre que fue imputado y quedó con presión preventiva tras ser detenido este domingo en el marco de dos allanamientos, donde además se secuestraron celulares y otros elementos de interés para la causa.

“No violé ni acosé y desde el primer momento me puse a disposición de la Justicia”, declaró el imputado en el marco de la audiencia para salir al cruce de las acusaciones que lo comprometen al punto de no dejar margen para recuperar su libertad.

Los testimonios de las víctimas no solo son coincidentes sobre el oscuro comportamiento del imputado sino que encuentran aún mayor solidez en los informes periciales que “le dan entidad a los dichos”. Si bien son seis denuncias las que formar parte de la causa, no se descarta la posibilidad que haya más.

“Existen evidencias para vincular al imputado con los hechos que se le atribuyen y advierto que hay posibilidad de más víctimas”, dijo el juez Pareto entre los fundamentamos que esgrimió para justificar la prisión preventiva.

Asimismo, consideró que también estaban cumplimentados los otros requisitos establecidos para una cautelar: la alta expectativa de la pena, la peligrosidad de fuga y el entorpecimiento probatorio. Antes de su resolución, el magistrado también escuchó en la audiencia virtual a dos de las denunciantes, quienes bregaron para que el imputado continúe preso.