La Policía Federal y Prefectura Naval concretaron el operativo ayer en Vicentín, Molinos Agro, Nouryon y Oil Combustibles.

Los efectivos de la Policía Federal y Prefectura Naval volvieron a sorprender al cordón industrial. Esta vez el epicentro estuvo en la zona costera, precisamente en empresas que tienen su salida a las aguas del río Paraná.

El objetivo según trascendió fue verificar la posible contaminación que producen y sería consecuencia de una causa que lleva años dentro de la Fiscalía Federal de Rosario presentada por una ONG ambientalista. En este sentido, vendrían a consecuencia una veintena de procedimientos en firmas de diversos rubros.

Cuatro corporaciones de San Lorenzo fueron visitadas ayer por efectivos de las fuerzas de Seguridad Nacional. El motivo de la pesquisa fue tomar muestras y verificar el estado de funcionamiento de las plantas en su relación con las aguas del río Paraná, los efectos en el aire y la tierra.

La denuncia ingresó en 2014 a través de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa), organización ambientalista con sede oficial en Neuquén.

Cuatro empresas

Según confirmó La Capital, personal con especialidad ambientalista de la Policía Federal Argentina (PFA) junto a la Prefectura Naval Argentina (PNA) visitó las instalaciones de Vicentín, Molinos Agro, Nouryon (ex Akzo) y Oil Combustibles, donde se extrajeron diversas muestras de aguas y vertederos con el objetivo de llevar información precisa del funcionamiento para establecer un posible impacto ambiental a través de los fluidos y desechos que producen.

Hasta el momento el Ministerio de Seguridad de la Nación no emitió ningún comunicado que confirme de manera oficial los sucesos. No obstante, serán parte de una serie de visitas que llevarán a cabo las autoridades en búsqueda de pruebas que garanticen el funcionamiento del sector agroindustrial con respecto al medioambiente.

Más allanamientos

Cabe destacar que los allanamientos no se concentrarían solamente en las cerealeras, sino que también se extenderían a fábricas petroleras, papeleras, petroquímicas y ceramistas. Avanzarían también hacia las localidades de Puerto General San Martín y Timbúes.

En total son entre 23 y 25 firmas las que serán inspeccionadas. Asimismo desde la entidad ambientalista le anticiparon a este diario que muy posiblemente serán ampliadas a futuro.

Assupa nació en los años 90 en Neuquén haciéndoles frente a centenares de conflictos en relación a la explotación de hidrocarburos, pero su acción «ambientalista y defensora de los derechos de los dueños de la tierra» apunta a todo el territorio americano. Sus representantes anunciaron entonces que les preocupaba y ocupaba el río Paraná y el agua potable, y fue allí cuando dieron el puntapié inicial. Comenzaron a recolectar evidencia e hicieron una presentación oficial en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario en 2014 por incumplimiento de la ley 24051, que recién tuvo sus coletazos en la jornada de ayer.

Preocupa la contaminación

El presidente de la asociación, Ricardo Apis, afirmó al respecto: «Nos preocupa el alto grado de contaminación del río en esta zona. Muchas organizaciones civiles y sociales pidieron que vengamos a Rosario a ver el estado de situación del Paraná por acá. Comprobamos contaminación por las cloacas, por los detergentes de los frigoríficos, por las resinas y ácidos de las fábricas de papel, por la soda cáustica de las cerealeras y aceiteras y la anilina de las fábricas de mosaicos. Todo eso junto muestra una radiografía más que preocupante».

Apis aclaró que la organización está integrada por un «grupo estable» de unas cincuenta personas interesadas en el medioambiente y que entienden su protección como un derecho humano. «Somos personas de distintas posiciones partidarias e ideológicas y, como la asociación no tiene fines de lucro, no responde a directivas de nadie ni a intereses sectoriales ni empresariales», enfatizó.

Assupa se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera de la Patagonia. Pero, según señalaron sus representantes, como rápidamente advirtieron que «los problemas vinculados al medio ambiente trascendían los límites individuales», asumieron una lucha colectiva y realizaron innumerables reclamos desde 1992, con importantes resultados en la Justicia.